El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) anunciaron este 20 de diciembre que llevarán a cabo una campaña de sensibilización para evitar que se alquilen o vendan niños para intentar ingresar de forma irregular a los Estados Unidos.
Las actividades que forman parte de este programa se iniciaron este martes y se mantendrán hasta el 20 de febrero del 2023.
Su objetivo principal es dar a conocer los riesgos que corren los menores de edad al ser vendidos o alquilados a terceras personas con fines migratorios.
El titular de Migración, Stuard Rodríguez, dijo que las fronteras de los Estados Unidos están cerradas; sin embargo, los “coyotes” engañan a los migrantes y les dicen que los dejarán entrar a ese país si están acompañados con algún menor de 6 años.
El funcionario resaltó que el IGM continuará trabajando de manera conjunta con la PGN, así como con instituciones, organizaciones sociales y organismos internacionales que velan por los derechos de los menores de edad en el país.
Según el IGM, de enero al 16 de diciembre de 2022 han retornado vía aérea desde Estados Unidos 8 mil 598 menores de edad guatemaltecos que viajaban acompañados y 181 no acompañados.
Mientras tanto, desde México, también por vía aérea, se tiene registro de 281 menores acompañados retornados y 3 mil 196 no acompañados.
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó ayer el levantamiento inminente de una norma sanitaria invocada para expulsar a los migrantes en la frontera con México.
El presidente de la corte, John Roberts, firmó una orden que suspende el levantamiento, previsto para este miércoles, y por lo tanto mantiene el llamado Título 42, que permitió a las autoridades utilizar los protocolos anticovid-19 para impedir la entrada de millones de migrantes.
Roberts suspendió temporalmente esta medida heredada de la administración del presidente republicano Donald Trump, que ha seguido aplicando el de Biden.
Lo hizo en respuesta a una petición de último momento de 20 estados que argumentaban que poner fin al Título 42 provocaría una avalancha de migrantes que desbordaría sus servicios.
